La Alianza Europea de Usuarios de Pagos

La Alianza Europea de Usuarios de Pagos es un grupo de usuarios de pagos europeos que se han unido para pedir más transparencia y competencia en el mercado de pagos. Damos la bienvenida al paquete de propuestas legislativas sobre pagos anunciado el 24 de julio de 2013[1], pero queremos llamar la atención sobre las necesidades de los usuarios finales y destacar en qué aspectos las propuestas actuales no van suficientemente lejos. Dado su potencial para beneficiar a los consumidores, debe dársele la máxima prioridad a esta legislación. Apremiamos a los legisladores para que modifiquen las propuestas tal y como se detalla a continuación.

En Europa, millones de empresas aceptan millones de transacciones de pagos cada día. Para estas empresas, grandes y pequeñas, los pagos son una parte esencial de su negocio, y las tasas aplicadas (tasas multilaterales de intercambio – MIFs) pueden contribuir significativamente a sus costes operativos. En su nombre, pedimos que se desarrolle todo el potencial de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) para ofrecer pagos low cost en toda Europa. Una reducción en el coste de los pagos permitirá a los usuarios de pagos europeos adoptar soluciones de pagos innovadoras y efectuar reducciones de costes que beneficiarán a los consumidores. Pedimos los siguientes cambios en la propuesta de Reglamento sobre Tasas de Intercambio:

  1. Débito: Ofrecer un servicio electrónico de intercambio gratuito de débito (tarjeta/aplicación) para todos los ciudadanos, exigiendo la supresión de las tasas de intercambio sobre las tarjetas de débito de consumo. Como alternativa, cada tasa debería tener un tope máximo fijo acorde con las mejores prácticas actuales a nivel nacional (con una norma que asegure tasas proporcionales para los micro-pagos). La experiencia en varios Estados Miembros muestra que esta es una solución factible y el Estudio de Impacto de la Comisión Europea, publicado con la Propuesta, lo apoya.
  2. Crédito: Reducir los límites propuestos para las tarjetas/aplicaciones de crédito electrónico. Este límite debería reducirse de forma proporcional, en línea con las reducciones de los límites de débito.
  3. Tarjetas comerciales: Incluir las tarjetas/aplicaciones comerciales de pago en el ámbito de los límites de tasas propuestos. La propuesta actual de eximir a las tarjetas comerciales de límites no está justificado económicamente y se corre el riesgo de crear lagunas legales. Distinguir las tarjetas comerciales de las de consumo también aumentará los problemas técnicos y prácticos. En ventas electrónicas, con móviles o telefónicas el comerciante no tiene la información necesaria; en los pagos en el punto de venta, esto generará retrasos y confusiones para el consumidor. Además, la mayoría de las terminales no pueden identificar la cantidad de cualquier sobrecargo posible. Incluir las tarjetas comerciales (i) eliminaría los problemas relacionados con la norma que obliga a aceptar todas las tarjetas y (ii) hará que la diferencia de tasas entre el débito y el crédito sea más comprensible para los consumidores.
  4. Terceras empresas: Exigir un mecanismo para incluir en los límites a las tasas a las tarjetas de consumo y comerciales desarrolladas por terceras empresas. Al igual que con las tarjetas comerciales, la omisión parcial de las tasas de las terceras empresas dentro de los límites es desequilibrada y la inclusión de las tarjetas de terceras empresas desarrolladas o adquiridas bajo licencia es inconsistente. Un sistema así puede crear lagunas legales para los nuevos modelos de pago en el futuro. Por tanto, estamos en contra de que esas empresas sean omitidas de la propuesta y creemos que debe encontrarse un mecanismo para regular los niveles de las tasas de empresas que no operan con tasas de intercambio.
  5. Implementación inmediata del Reglamento. Los límites transfronterizos deberían empezar a aplicarse en los dos meses siguientes a la aprobación del Reglamento, y los límites nacionales en 6 meses, con un año como máximo absoluto. La propuesta de un plazo de dos años para la implementación nacional no es técnicamente necesaria y afectará de forma negativa principalmente a las PYMEs y a los consumidores, dado que la mayor parte de la carga de las tasas de intercambio se genera a nivel nacional.

Asociación de Comerciantes de Accesorios y Recambios de Automóviles de Málaga (ACARAM)

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